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Desafío:

La comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, enfrentaba una creciente crisis habitacional caracterizada por altos costos de alquiler y condiciones malas condiciones de vivienda especialmente entre las familias de bajos ingresos. El mercado inmobiliario tradicional no ofrecía soluciones accesibles para estos sectores, exacerbando las desigualdades en el acceso a viviendas dignas. Por ello se enfrentaban al desafío de brindar una respuesta a las familias que no podían acceder a una vivienda justa y asequible. 

Solución:

Con el fin de garantizar el acceso a viviendas asequibles, Recoleta impulsó un modelo pionero en Chile: una Inmobiliaria popular. Este se basó en un primer conjunto habitacional de vivienda pública de arriendo que nació gracias a dos instrumentos creados a nivel nacional (Ley de Presupuestos año 2917 y Subsidio de Arriendo).

El mecanismo de alquiler se basaba en “Precio Justo” donde las familias pagan hasta el 25% de sus ingresos familiares, sin barreras de acceso como pago de garantías o gastos comunes.

Al modelo, se incorpora un elemento trascendental que es el Plan de Acompañamiento Social multidisciplinario y multisectorial desde equipos profesionales y técnicos de la corporación que fomenta la participación y el acceso a servicios públicos y privados. Se promueve la integración y el bienestar a través de actividades recreativas y culturales, atención social en temas alimentarios, jurídicos y de salud, así como talleres formativos y de autocuidado. Además, se fortalecen las redes mediante vinculaciones profesionales y colaboraciones con instituciones académicas. Además organiza actividades recreativas, culturales, festividades y celebraciones. 

La iniciativa se ubicaba en terreno de propiedad municipal bien localizado y se basó en el concepto de Ciudad de los 15 minutos con diversos servicios cercanos.

El proceso de selección de arrendamientos se basó en el requisito de estar inscripto a un plan de vivienda a nivel nacional y recibieron más de 3.000 familias mientras que 350 calificaron. Incorporaron el componente de cuotas para familias extranjeras y adultos mayores. Se priorizaron perfiles como los siguientes: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, personas con altos niveles de precariedad material y personas que se encontraban en condiciones de hacinamiento. 

Resultados:

Determinaron que el 90% de las familias seleccionadas eran vulnerables (debajo del registro social de hogares), 92% mujeres jefas de hogar, 37% mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 16% adultos mayores, 16% familias migrantes.

Están desarrollando 5 nuevos proyectos más. 

Esta política pública fue evaluada por la Dirección de Investigación y el Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta, con la participación de un panel académico y social y el apoyo de la Corporación Innova Recoleta.

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